miércoles, 28 de mayo de 2014

La autodeterminación de los pueblos en el caso Crimea

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(Alejandro Ariel Randone | Observanto *) - Luego de los sucesos de Crimea, los Óblast de Donetsk, Lugansk y Jarkóv parecen querer seguir el camino de sus hermanos sureños, aunque en estos casos el final de la película no está anticipado. En este contexto, puede ser de utilidad aprovechar el momento para repensar el derecho internacional a la Autodeterminación de los Pueblos en su legitimidad y consecuencias.

Organización de las Naciones Unidas
La Autodeterminación de los Pueblos (en adelante AP) puede ser entendida de diferentes formas, razón por la cual, en muchas ocasiones, es objeto de confusiones. Esencialmente podemos encontrar tres interpretaciones: la primera, refiere al derecho de los pueblos de decidir sobre su organización política, dicha acepción es coincidente con la protección de la libertad de los pueblos y sus derechos políticos (en tanto ciudadanos) frente al aparato estatal (interpretación íntimamente relacionada con la democracia); la segunda, versa sobre el derecho de un pueblo a determinar la organización de sus estructuras político-institucionales y económicas sin interferencia externa, este concepto está relacionado con la soberanía de los Estados por lo que cualquier injerencia política externa es entendida como una violación a la jurisdicción exclusiva del Estado que se trate; y la tercera, es la que se identifica con el derecho de todo pueblo, con una identidad cultural claramente definida, a conformarse en Estado-Nación legítimo y soberano, es decir, a organizarse políticamente en un territorio dado. Esta última interpretación de la AP, anclada en el concepto de independencia, se encuentra fuertemente relacionada con el separatismo y la consecuente fragmentación territorial, por ende es menester una aclaración. Es necesario diferenciar aquellos pueblos colonizados por potencias extranjeras que manifiestan sus deseos de libertad e independencia a través de la constitución de un Estado propio, de las minorías que consideran sus rasgos identitarios (culturales, étnicos, lingüísticos, etc.) motivos suficientes para justificar sus ansias independentistas que culminaría en la secesión del actual Estado al que forman parte, para,o bien conformar uno nuevo, o bien adherirse a otro existente.

De las tres interpretaciones la última es la más pertinente a la hora de hablar de AP en el idioma del derecho internacional. En ese sentido, quizás sea más esclarecedor reservar el tercer significado con exclusividad a la hora de hablar de AP, y vincular los dos anteriores con democracia por un lado y soberanía por otro.

Sin embargo, la misma tercera interpretación no goza de una total claridad conceptual. Es evidente la inevitable contradicción entre el caso de minorías con ánimos separatistas y el derecho a la conservación territorial íntegra de los Estados (principio de integridad).Toda vez que la AP, así entendida, tiene como resultado directo la secesión, el principio de integridad territorial sufre las consecuencias. Dado que el principio de integridad territorial posee un “halo” de santidad en la Comunidad Internacional, aceptar los derechos de minorías con ánimos separatistas de manera incondicional dentro de la conceptualización de la AP es problemático e infructuoso para cualquier análisis que se pretenda hacer desde el Derecho Internacional. Es fácil comprender la fuerza del principio de integridad territorial si se observa su origen y se ponderan las consecuencias sobre su irrespeto. En cuanto a su origen, dicho principio es sostenido por los mismos actores a los que se dirige: los Estados (principales actores del sistema internacionales). En ese sentido sería ilógico pensar en la proclamación y defensa de un derecho que contradiga los intereses de sus mismos sostenedores, como el que varias minorías pretenden. En cuanto a las consecuencias, la aceptación de un derecho semejante atentaría contra todo Estado con minorías políticamente activas que propugnen ideas secesionistas, a la vez, la estabilidad internacional se vería seriamente afectada y las Naciones Unidas se enfrentarían a un gran desafío planetario con una agenda cada vez más abultada.

Esta situación nos deja con el concepto de AP entendido como el derecho de los pueblos colonizados que buscan su independencia a través de la formación de un Estado soberano propio.

Desde este prisma el caso de Crimea se trató de un disparate inviable en términos del Derecho Internacional (recordemos que Crimea fue cedida por la URSS, y ratificado por Rusia más tarde, en condiciones absolutamente normales), el cual solo fue posible por el involucramiento de una gran potencia como Rusia. Nuevamente la realidad material (expresada militarmente) se impuso sobre las normas. La interrogante es ¿debemos esperar un desenlace idéntico en el Este de Ucrania? Por lo pronto el gobierno transitorio de Kiev parece dar pasos firmes contra toda idea separatista a través de una rápida represión (que solo el tiempo dirá si fue suficiente o contraproducente), mientras Moscú actúa con prudente cautela para evitar tanto una provocación a occidente, como un desaire a los pro-rusos del otro lado de la frontera. En caso de que el desmembramiento ucraniano prosiga algo es seguro: sus bases legales son por entero endebles. No obstante, hoy como ayer, esa es una justificación insuficiente para modificar una realidad, más cuando ésta se encuentra avalada por el poder de una potencia sobre la debilidad de un adversario al que solo le resta apelar al derecho internacional.

* Alejandro Ariel Randone es Licenciado en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales, Universidad de Buenos Aires. Publicación distribuida por Observanto, link al artículo desde su fuente.