viernes, 5 de julio de 2013

¿Que debe hacer América Latina con sus recursos naturales?


La pregunta acerca de qué hacer con los recursos naturales se ha convertido en el punto más álgido del debate que, de un tiempo a esta parte, supo imponerse entre los países de la subregión latinoamericana.

(Por Rosario Zabala Gallardo *) - Al menos en una primera instancia, se torna evidente de parte de los países latinoamericanos, el fortalecimiento de una tendencia orientada a seguir desarrollando economías de  predisposición “adaptativa’’, para con los requerimientos de la división mundial del trabajo.

Siguiendo una línea de análisis más crítica, los esfuerzos tendientes a la adaptación anteriormente mencionada tornan a los países de la subregión merecedores de importantes puestos en el devenir de la “carrera extractivista’’, por cuanto se define como extractivistas a aquellas actividades económicas removedoras de magnos volúmenes de recursos, de un inexistente o apenas escaso nivel de procesamiento, que se destinan en su mayor medida a la exportación.

En adición a este punto, una segunda ronda de críticas se aloja alrededor de la noción de rentismo o rent-seeking, entendiéndose por tal a aquella ‘’conducta’’ económica  que concentra la búsqueda de beneficios – y de la renta, propiamente dicha- en la gestión extractivista procediente del Estado, en muchos casos, sin que se haya realizado esfuerzo productivo alguno.

Prejuicios en la materia, abundan. Desde aquellas para las cuales las anteriores dinámicas acentúan la sobreprimarización de la economía y la desposesión social, hasta aquellas cuya retórica se basa en amenazas a la democracia misma, el vasto conjunto de críticas coincide en subrayar la aparente incapacidad de los países de la región para lograr un crecimiento económico estable y sostenido, no obstante poseedores de una dotación extraordinaria de recursos naturales.

Pese a tales acusaciones, la aparente totalidad de los gobiernos latinoamericanos continúa impulsando o, siquiera fuese, tolerando, las actividades extractivas. Incluso allí donde  el culto a la Pachamama es constantemente reivindicado, como el caso boliviano, las explotaciones de gas, estaño y, más recientemente, litio, siguen estando a la orden del día; mientras tanto, en el caso argentino, las “dotes de industrialización’’ no resultan suficientes para atenuar que alrededor del 70 por ciento de las exportaciones se encuentren aún basadas en productos primarios.

Por su parte, las declaraciones de los líderes latinoamericanos son también reflejo de lo anterior.

En el cierre de su visita a la Argentina, el ex presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señalaba que “tenemos que aprovechar el tipo de personas que hoy están en los distintos gobiernos para hacer lo que hay que hacer. No es malo exportar commodities cuando el precio está bien. Es malo cuando el precio está bajo’’.

Asimismo, en diciembre de 2012, y ante las controversias surgidas con comunidades indígenas en razón de un nuevo proceso de licitación para la explotación petrolera del Amazonia ecuatoriano, el presidente Rafael Correa exclamó “Basta de ese infantilismo de ‘no al petróleo’, ‘no a la minería’’, en una campaña proclive a “aprovechar responsablemente” los recursos naturales no renovables que posee Ecuador.

Tal es posible observar, ambos líderes hacen visibles ciertos rasgos centrales de los procesos económicos y políticos que toman hoy lugar entre los gobiernos latinoamericanos, post período neoliberal.

En este sentido, parecería que los países latinoamericanos se alejan del extractivismo clásico de las empresas transnacionales y de los mínimos controles y regulaciones (incluyendo regalías y tributos bajos) primeramente mencionado.

En cambio, pasan a abrazar estrategias que, no obstante suponen la persistencia de algunos elementos del pasado, implican también que sus articulaciones sean diferentes y que, por sobre todo, el extractivismo sea defendido desde otras bases conceptuales.

En el marco de esta nueva postura, usualmente denominada “neoextractivismo progresista’’, tienen lugar varios cambios substanciales.

En primer lugar, se observa el desarrollo de actividades que apuntan a la maximización de la renta y la externalización de los impactos sociales y ambientales. En segundo lugar, se contemplan importantes modificaciones en sus relaciones con el empresariado de origen transnacional, que no desaparece, sino que reaparece bajo otros modos de asociación, tales como la migración a contratos por servicios en el sector petrolero o joint-ventures para la comercialización. Por último, pero de manera fundamental, se observa un papel definitivamente más activo de parte del aparato estatal.

Notable ejemplo de esto último resultó ser el caso argentino. En un contexto carente de antecedentes cercanos en que se hubiese revertido la presencia de compañías extranjeras en sectores estratégicos de la economía, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner irrumpió, en el año 2012, con la nacionalización de la petrolera YPF.

Dicho en otras palabras, los Estados latinoamericanos, siguen siendo – en los términos relativos de su posicionamiento internacional- tomadores de precios, aunque captando una mayor porción del excedente generado por las actividades extractivas.

Ahora bien, no obstante este panorama no hace más que ratificar los deseos de los gobiernos latinoamericanos de desviarse respecto de ciertos atributos desfavorables del anterior modelo neoliberal, resulta asimismo pertinente atender a ciertos matices.

En búsqueda de una estrategia ¿regional?

Inspirados por sus ánimos de recuperación de los recursos naturales, los diferentes países de la subregión latinoamericana han manifestado impulsos conducentes a diversificar sus economías y reforzar sus aparatos productivos. Es en este sentido, de manera precisa, que un eventual proyecto de integración regional parecería contar con un respaldo casi unánime.

Veamos. El 30 de octubre de 2012, UNASUR brindaba una definición de los recursos naturales como el ‘’eje dinámico en la estrategia de integración y en la unidad de sus países’’.

Este mismo año, el día 24 de mayo, Unasur haría pública la promoción de la primera Conferencia Suramericana sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la Región, en Caracas (Venezuela), a celebrarse los días 27 y 30 de mayo, con el objetivo de definir una estrategia continental acerca del tema.

Por lo anterior, resulta innegable que los mecanismos de solidaridad regional han sabido – al menos en un plano particularmente retórico – instaurarse en tanto canales preferenciales, al momento de responder interrogantes acerca del  ¿qué hacer con los recursos naturales?.

Siguiendo la misma línea, la publicación expresa que el principal objetivo consistiría en establecer líneas estratégicas de acción orientadas a superar el modelo “extractivista” de exploración de los recursos naturales y convertir la actividad en un medio de promoción del desarrollo y de superación de la pobreza.

Finalmente, la conferencia concluyó el día 30 con la elaboración de una estrategia continental sobre el tema, en la que los Jefes de Estado presentes plasmaron sus intenciones de que las deficiencias derivadas del modelo “extractivista’’, ya no fuesen exclusivamente subsanadas a través de la mera creación de ‘’una sola economía’’ sudamericana.

Lo que se impone, en cambio, es un renovado hincapié en el “desarrollo interno’’, “la sustentabilidad ambiental’’ pero, por sobre todas las cosas, en el lugar privilegiado otorgado a las infraestructuras “como instrumento de inclusión social’’.

En este sentido, la creación de la primera Agencia de Proyectos prioritarios de Integración (API), por parte de la UNASUR, tendría por principal objetivo el desarrollo de la infraestructura de integración, “como herramienta del desarrollo sostenible económico, social y ambiental’’.

Ahora bien, en la práctica, los sentimientos entre los vecinos se encuentran más bien divididos, pudiendo ciertos datos iluminarnos al respecto.

De modo primordial, se destaca la reunión de Grupos Técnicos Ejecutivos de la API, del 16 de junio de 2011, en la ciudad de Bogotá, que arrojase una agenda conformada por proyectos de alto impacto para la integración física regional, (entre ellos, la construcción de 1500 kilómetros de gasoductos, 3490 kilómetros de vías fluviales, 5142 kilómetros de rutas y 9739 kilómetros de vías férreas)

Pudiendo ser tales proyectos de características nacionales, binacionales o multinacionales, dicha agenda de proyectos prioritarios – presentada finalmente en abril del 2012 – establece que los 12 países están representados y que existe un equilibrio en el número de proyectos impulsado por cada país.

Sin embargo, la noticia sería recibida con especial agrado entre las oficinas de las multinacionales de la construcción brasileras. Esto último se explica, de hecho, por disponer Brasilia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que en 2010 prestó más de 100000 millones de dólares, y cuyos estatutos sólo lo autorizan a financiar a las empresas brasileñas.

Como consecuencia, la posibilidad de la cual gozan las empresas brasileñas de encabezar el desarrollo de tales iniciativas, junto con su capacidad de financiamiento nacional, resultan inmensas.

De allí que, el 22 de abril de 2013, durante el primer encuentro de la organización de los “Estados Latinoamericanos afectados por Intereses Transnacionales’’, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Granadina, así como también Venezuela, denunciaron el poder económico de “algunas empresas’’, que amenazaría la soberanía de “algunos Estados’’.

Para sorpresa de muchos, la anterior afirmación – no obstante vaga – apunta en una única dirección: el “gigante brasilero’’, y el potencial del que dispone su capital para posicionarse, en reemplazo del “capital del Norte’’.

Probablemente en estas instancias, un teórico de la dependencia se preguntaría estupefacto: ¿será que no importa la dependencia, si no de quién dependamos?

Visto de otro modo, desde el punto de vista geográfico, en América del Sur, Brasil representa la mitad del territorio, de la población y de la riqueza producida cada año. Un análisis apriorístico demandaría, por tanto, una lectura según la cual el resto de las “naciones hermanas’’, solas, no disponen de recursos necesarios como para poner en marcha su desarrollo. Conviene, pues, “ayudarlas’’.

¿Solidaridad regional o “cambio de figurines’’? Las opciones parecen, finalmente, coexistir.

En definitiva, el dilema acerca de ¿qué hacer con los recursos naturales? se presenta con forma de un callejón sin salida.

De un lado, la drástica imposibilidad a la que se enfrentan los países latinoamericanos de poder alejarse de una lógica privilegiadamente extractivista, ante la creciente demanda global de bienes primarios. Al respecto, pareciera existir  un acuerdo – tácito o explicito – acerca del grado de inevitabilidad que traspasa a las actuales dinámicas.

Del otro, la integración regional, una disyuntiva que, no obstante deseosa de emancipación respecto de la tutela estadounidense, bien podría facilitar la emergencia de una nueva hegemonía, en este caso, regional.

Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante pareciera ser aquel que indica que “no hay otra alternativa’’.

* Sobre el autor y/o los derechos de este material:

Artículo por Rosario Zabala Gallardo (rzabala@geic.com.ar) y distrubido por GEIC, grupo de estudios internacionales. Link a la fuente original: http://goo.gl/4HK5R

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