viernes, 17 de mayo de 2013

Análisis del Tratado Internacional de Comercio de Armas


|| Por Andrea del Pilar Naranjo * ||

La sorpresiva aprobación del Tratado de Comercio de Armas el pasado 3 de abril, pareciera responder a la necesidad de adoptar por la comunidad internacional un documento unificador y preciso sobre el tráfico de armamento, como instrumento necesario para la construcción de un entorno mundial pacífico y seguro. Pese a ello, el documento no ha estado exento de críticas provenientes en su mayoría de los Estados con mayores protagonismos en el mercado de armamento: China, Corea e Irán. Así como de los bloques regionales CELAC Y ALBA.  La discusión del documento final ha permitido además evidenciarlos bajos niveles de consenso sobre principios internacionales que se creían aceptados de manera universal.

El camino de la propuesta

La primera iniciativa de conformación de un texto internacional vinculante para regular las millonarias transacciones armamentísticas nació en 1993, bajo la vocería de Amnistía Internacional, se efectuó el primer borrador de un código sobre control sobre las transferencias de armamento que respetara los derechos humanos y otros principios del derecho internacional.

Posteriormente en 1995, junto con el acompañamiento de varios premios Nobel, entre los que figuraban, el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, se formulo un exhorto para la redacción de un Código de Conducta Internacional sobre las Transferencias de Armas, luego de la aprobación en el Senado de los Estados Unidos que autorizó al Ejecutivo la negociación de un texto global de control de armas y, tras las labores de difusión de Amnistía y Oxfam Internacional, la  propuesta finalmente encuentra apoyo en el año 2006 y es presentada en la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 61/89, y finalmente aprobada por la Comisión sobre desarme y seguridad internacional de ONU con 24 abstenciones y un solo voto en contra proveniente de Estados Unidos.

Tras la asunción de un consenso se procede a la redacción del texto que conformaría el tratado, proceso que convocaría a un Grupo de Trabajo de Composición Abierta de (GTCA) y duraría dos años, hasta 2011 fecha en la cual se acepta el primer borrador del documento con las acotaciones de la Cruz Roja Internacional y Amnistía en orden a obtener limitaciones de transferencia cuando existan riesgos de cometer violaciones a los Derechos Humanos Y el Derecho internacional Humanitario, tema objeto de grandes discrepancias y en últimas una de las principales causas para el fracaso del consenso durante la conferencia de comercio de armas celebrada en julio de 2012.

A pesar de las diferencias aparentemente irreconciliables, el pasado 3 de abril, se logra un acuerdo final para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) por una mayoría abrumadora de 154 votos, abierto a firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013  que  entrará en vigor al haber sido ratificado, aceptado o aprobado por 50 Estados.

El texto se produce con el objetivo de llenar un vacío jurídico y establecer normas vinculantes para que los Estados efectúen evaluaciones de las transferencias internacionales de armas y municiones,- exportación, importación, tránsito, transbordo y corretaje- evitando el tráfico ilícito o el desvío y de ser el caso, negar la oferta bajo indicios de que serán empleadas para evadir embargos, utilizadas para cometer o facilitar violaciones a los derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, genocidio, terrorismo, análisis efectuado en principio de manera privativa por el Estado exportador.

Otro de los puntos relevantes del Tratado, es la obligación Estatal de presentar periódicos informes ante la Secretaría sobre los avances de implementación y sus registros de transferencias comerciales de armamento, sin embargo, el carácter secreto de los informes exigidos a los países, dirigidos directamente a la ONU, torna una herramienta inicialmente válida en un mecanismo poco transparente, ésta información debería ser pública y con ello sometida a verificación.

Finalmente, se consagra que dichos informes pueden “excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la Seguridad Nacional”, previsión difusa que podría redundar en la inefectividad del procedimiento y en suma en la inaplicación del Tratado mismo.

¿Hacia El Oligopolio?

A pesar de la aparente euforia que ha despertado la asunción de una norma de estas características, varias son las observaciones que llaman a la prudencia, por ejemplo, es previsible la consolidación de un oligopolio del comercio de armas conformado por los principales países exportadores [1]: todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Francia, Rusia, Reino Unido y con un estimado del 30% de las transferencias, Estados Unidos, países a los que se suma Alemania el tercer exportador más importante.

De otra parte, es evidente la potencialidad de un uso indebido de la regulación que implique el favorecimiento de las intervenciones militares en Estados como Siria quienes se verían privados de ejercer su derecho a la legítima defensa, inserta en el Art.  51 Carta de la ONU.

Así mismo, la delegación de Irán ha criticado las omisiones del texto en materia de comercio o transferencia de armas para quienes cometan actos de agresión tipo introducido recientemente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional- que implica el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado- [2]. Y la ausencia de prohibición de transferencias internacionales de armamento a individuos o grupos no autorizados por el Estado receptor, crítica formulada por el representante cubano Oscar León.

Finalmente, una de las denuncias más autorizadas proviene de la coalición Armas bajo Control [3], quienes precisan la completa desregulación de una amplia lista de armas y municiones como los drones -aviones no tripulados- granadas o vehículos armados. En suma el documento presenta vacíos, debilidades y dificultades de aplicación.

Aún falta un largo trayecto…

La aprobación de un documento internacional sobre regulación de armamento parece responder a los alarmantes niveles de inseguridad y violencia globales y ser el reflejo de los múltiples llamados de la comunidad internacional  en orden a fijar normas claras para un mercado escasamente regulado, no obstante, el instrumento no ha sido producido en consenso y aún adolece de indefiniciones, desequilibrios y obstáculos para su real aplicación.

Luego de la euforia, varios retos deben asumirse:  Primero la larga etapa de ratificación y de incorporación para aquellos Estados que así lo dispongan; el compromiso para su acatamiento y las medidas ante su uso extralimitado o incumplimiento, será el segundo desafío; sin embargo, el mayor escollo, consistirá en entender este Tratado como provisional y concienciar a todos los actores políticos, sociales, económicos y militares sobre la necesidad construir un mundo que privilegie el desarme y la pacificación si no quiere encontrarse ante su inminente y total destrucción.

[1] Véase el documento de  amnistía Internacional. Los “seis grandes” exportadores de armas  disponible en  http://goo.gl/WViTy

[2] Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal  Internacional relativas al crimen de agresión. Resolución RC/Res.6, http://goo.gl/ueEtv

[3] Ver el comunicado completo en http://controlarms.org/es/

* Sobre el autor y los derechos de este material:

Andrea del Pilar Naranjo es investigadora independiente y abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magister en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Correo electrónico: andreanar1900@hotmail.com 

Artículo distribuido por The Blue Passport
Link a la fuente original: http://goo.gl/RetCA

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