viernes, 30 de noviembre de 2012

El escándalo del Mensalão y la independencia de la Justicia en la Argentina y Brasil

Análisis de la condena a prisión del hombre fuerte del gobierno de Lula Da Silva y una comparación con la impunidad de los altos funcionarios en la Argentina. 

(Por Santiago Pérez) - El Mensalão es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia moderna brasileña. El caso consiste en un esquema de compra de votos en el congreso durante el primer mandato del ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2007). Luego de una larga investigación la Justicia logró comprobar la existencia del mecanismo ilícito. Miembros del Partido de los Trabajadores desviaron, en forma sistemática, dinero público con el objetivo de comprar voluntades de legisladores de fuerzas políticas opositoras para la aprobación de leyes. Algo muy similar a lo sucedido en la Argentina con las recordadas “coimas en el senado” o “la banelco” en tiempos del ex presidente Fernando de la Rua. Según declaraciones de los implicados, la palabra “Mensalão” era utilizada en charlas informales por los propios miembros del Congreso para referirse a esta práctica ilegal.

Si bien la cuestión es estudiada por la Justicia hace ya varios años, en los últimos meses el caso tomó un renovado protagonismo. Esto se debe a que el Supremo Tribunal Federal comenzó a dictar las primeras condenas, las cuales alcanzaron a hombres muy fuertes dentro de la política brasileña. El caso más emblemático es quizás el de José Dirceu, quien fuera jefe de gabinete del ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y la pasada semana fue condenado a 10 años y 10 meses de reclusión por su probada participación en el entramado de corrupción. Si bien los 10 años parecen una condena ejemplar, la realidad es que José Dirceu solo deberá pasar 1 año y 9 meses en prisión. Una vez finalizado este período podrá completar el resto de su condena en el denominado “régimen abierto”, el cual le permitirá salir para trabajar e inclusive para dormir en su domicilio particular.

Pero vale la pena detenernos unos instantes para hacernos la siguiente pregunta ¿Qué significa realmente una condena a prisión de 1 año y 9 meses para un político perteneciente al partido que ocupa la presidencia en un país latinoamericano? Esto significa, desde mi punto de vista, mucho, muchísimo. Recordemos que la actual primera mandataria, Dilma Rousseff, es la heredera política de Lula Da Silva, pertenece al Partido de los Trabajadores y goza, al igual que su antecesor, de una imagen positiva superior al 60 o 70%. El pasado mes se celebraron elecciones municipales en 5.568 localidades brasileñas y tanto Dilma como Lula fueron los grandes ganadores. Se involucraron directamente en las campañas y sus candidatos se impusieron en Rio de Janeiro y en San Pablo, las dos mayores ciudades del país. Lo que quiero decir con esto es que, a pesar que el Partido de los Trabajadores se encuentra en su mayor “apogeo” de poder, la justicia logró avanzar y efectivamente condenar a hombres vinculados a la alta política nacional. El solo hecho que José Dirceu sea técnicamente un “reo” es un avance extraordinario para la institucionalidad en Brasil.

¿En qué se diferencia este escenario al de la Argentina? En mucho. Es necesario hacer un esfuerzo mental agotador para recordar a algún miembro de la denominada “clase política” que haya tenido que pasar, al menos un tiempo, detrás de los barrotes. Pero el esfuerzo mental es mucho mayor si lo que intentamos es buscar en nuestra memoria el nombre de un político que haya sido condenado y recluido en una prisión común mientras su partido ocupaba la primera magistratura. Por principio general (existen excepciones que confirman la regla) en la Argentina los políticos no van a la cárcel. Son acusados, enjuiciados, procesados y hasta condenados, pero a la cárcel “común”, nunca llegan.

Solo por poner un ejemplo podemos citar el caso de Amado Boudou, quien a pesar de su compleja situación judicial continua gozando de “buena salud”, tocando su guitarra eléctrica y ocupando con una sonrisa su sillón de Presidente del Senado. Como si una impunidad “mística” lo protegiera de cualquier acusación. En definitiva, él es consciente de su pertenencia a una “clase política” casi intocable. Quién sabe, quizás de aquí a algunos años, cuando el Kirchnerismo no esté en el poder, se transforme en una de las excepciones que confirman la regla. Si somos realistas llegaremos a la conclusión de que es poco probable, perdón, es muy improbable, discúlpenme de nuevo, es casi imposible que Amado Boudou esté algún día en una cárcel común, con delincuentes comunes, tal cual estará, al menos por 1 año y 9 meses, José Dirceu.

El menemismo fue alcanzado por la justicia una vez que abandonó el poder. María Julia Alsogaray es quizás la “excepción a la regla” que tan esforzadamente estuvimos buscando un párrafo atrás. La ex ministro multipropósito y estrella de una parte de los años 90 fue condenada y estuvo efectivamente en la cárcel por enriquecimiento ilícito. El ex presidente Menem estuvo también “preso”, aunque es importante mencionar que la reclusión en un caserón con jardín y pileta es muy diferente a la reclusión dentro de una cárcel común y corriente.

Brasil es un país muy complejo y diverso, las lecturas sobre el escándalo del Mensalão son múltiples. El juicio es un ejemplo del que toda América Latina e inclusive el mundo entero deberían aprender. Los observadores internacionales han visto con muy buenos ojos el resultado del proceso. Las condenas demuestran empíricamente que la división de poderes en Brasil efectivamente existe, y que la justicia puede actuar, al menos en algunos casos, independientemente del color político que ocupa el Palacio del Planalto. El Juez Joaquim Barbosa, uno de los “protagonistas” del juicio se ha transformado en una figura muy popular en Brasil. Se trata del primer afro sudamericano que preside el Supremo Tribunal Federal y su rol dentro del “Juicio del Siglo” fue tan valorado por la ciudadanía que suele ser aplaudido y “vitoreado” cuando se muestra en público. Al mismo tiempo, y paradójicamente, Luiz Inacio Lula Da Silva quien era la máxima autoridad ejecutiva mientras el esquema se estaba llevando a cabo, no ha visto mermada en lo más mínimo su popularidad. De alguna forma el ex presidente ha conseguido no ser salpicado por la corrupción de su propio gobierno. Tanto por una exitosa estrategia comunicacional que sostiene que él simplemente “no sabía lo que sucedía” como por el espectacular éxito económico de su gestión.

En la Argentina la división de poderes es muy difusa. El ejecutivo suele avasallar al legislativo y al judicial, sobre todo cuando el gobierno goza de buena salud y popularidad. Hoy en día la administración de Cristina Fernández de Kirchner afronta importantes desafíos, pero el 54% es todavía reciente. Las elecciones de 2013 podrían alterar el equilibrio de poder dentro del sistema político, y, si este se torna desfavorable para el oficialismo, es posible que la justicia apriete el acelerador en las causas que alcanzan a hombres fuertes del gobierno. Los argentinos deberíamos prestar atención a nuestro vecino y principal socio, en donde la justicia puede acelerar sin importar el escenario político nacional.


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